A propósito de la bonificación del 50% del IAE anunciado por el Ayuntamiento de Granada para empresas que fomenten un plan de transporte para los desplazamientos al trabajo de sus empleados, se pronuncia Ana María Franco Casanova, socia del bufete Ruiz Fuentes Asociados y delegada provincial de la Asociación Española de Asesores Fiscales.
Por Ana María Franco Casanova
Con ocasión de la Semana Europea de la Movilidad se ha dado a conocer por parte del Ayuntamiento de Granada que se incluye en las ordenanzas para el próximo año, una bonificación del 50% en el IAE para todas aquellas empresas que fomenten un plan de transporte entre sus trabajadores, según fuentes oficiales más de dos mil.
Entre las condiciones establece la promoción del uso de vehículos que consuman menos energía y formas de transporte más eficientes como la bicicleta o el coche compartido a través del correspondiente plan de transporte al trabajo.
Esta apuesta por la implantación de medios de transporte alternativos que se viene reivindicando a través de diversos colectivos, es parte del compromiso adquirido por España en diversos proyectos como el protocolo de Kioto o la suscripción de la Carta de Aalborg, lo que supone un indicador de la sensibilidad ciudadana a favor de un desarrollo económico y social en una dirección compatible con el respeto a los principios ambientales y los recursos naturales municipales y globales.
Un análisis de la fiscalidad, y del art. 45 de la Constitución que consagra la protección del medio ambiente, nos facilita la posibilidad de con los actuales medios al alcance de la Administración, se pudiera efectuar una reestructuración basada en el objetivo de un movilidad sostenible, si bien está más cercana a la administración central o autonómica, que a la local, que es la más concienciada en este momento a su implantación, pues es la que mejor identifica las características especificas del medio social, económico y ambiental en el que las medidas se implantan y que, por ello, están en mejor disposición, en cada ciudad y en los municipios de cada entorno metropolitano, para evaluar sus beneficios potenciales, costes de implantación, efectos secundarios y horizonte temporal de cada combinación de políticas y medidas de movilidad sostenible y de mitigación de GEI.
Existen otros impuestos en los que también se podría avanzar para que la implantación de medios de transporte alternativos sea una realidad
Pero si bien se valora positivamente el esfuerzo hecho desde el Ayuntamiento, no lo es menos que queda mucho camino por andar, pues existen otros impuestos en los que también se podría avanzar para que la implantación de estos medios de transporte alternativos sean una realidad en nuestra vida cotidiana, y en este aspecto solo englobamos los desplazamientos para acudir al trabajo o el transporte escolar, sin tener en cuenta el que utilizamos en nuestro tiempo de ocio.
La apuesta debe ser más agresiva y en próximos ejercicios debe ser ampliada al Impuesto sobre Bienes Inmuebles o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
La Ley de Haciendas Locales además prevé que las bonificaciones puedan alcanzar hasta el 95% en supuestos para ambos tributos.
Y si nos comparamos con países de nuestro entorno estas bonificaciones se trasladan a otros impuestos de ámbito nacional como son el de Sociedades e incluso el de Renta de las personas físicas para los usuarios de dichos medios.
La aplicación de beneficios fiscales a través de los tributos locales es un instrumento de elevada eficacia potencial
El logro de los objetivos de alcanzar una movilidad sostenible va vinculado a que los ciudadanos y las empresas, vean recompensado su esfuerzo mediante la aplicación de beneficios fiscales a través de los tributos locales, considerados como instrumentos de elevada eficacia potencial, lo que en España exige reforzar las competencias de la Administración local, lo que ha quedado acreditado es eficaz para desestimular el tráfico de vehículos privados a favor de transportes más sostenibles.
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