El portavoz del grupo municipal de IU, Francisco Puentedura Anllo, exige al gobierno local “que restituya la legalidad urbanística en el parque público del Serrallo, privatizado ilegalmente, hecho que ha motivado una denuncia penal de la Fiscalía Provincial, por presuntos delitos de corrupción urbanística, y por el que se ha denunciado a la cúpula de urbanismo del Ayuntamiento”.
Vista de la zona de ocio situada junto al Serrallo Plaza.
Puentedura recordó que estas actuaciones «irregulares» han motivado un requerimiento de la Consejería de Medio Ambiente por el que exige al gobierno municipal “que anule las licencias de obra que han permitido usos y niveles de ocupación sin someterse a la legalidad urbanística y sin los informes previos del Consejo Consultivo de Andalucía”.
Según explica el edil, “el informe de la Junta es demoledor y señala responsabilidades penales muy graves por ilegalidades urbanísticas a la hora de otorgar licencias, así como en el proyecto de obras que desarrollaba la concesión administrativa en esta zona verde que también, según la fiscalía, se ha privatizado ilegalmente”.
El portavoz de IU destacó, asimismo, “que el requerimiento de Medio Ambiente deja entrever posibles responsabilidades penales del área de urbanismo”, por lo que exigió «que se presenten los informes técnicos que avalaron la actuación de la Gerencia y de la concejalía«, donde se tomaron numerosas decisiones que, según el concejal, «afectaban a numerosos decretos y nueve expedientes urbanísticos en los que se pretendía dar cobertura a todas estas irregularidades”.
Para Izquierda Unida tanto el informe de la Fiscalía como de la Junta “señalan muy nítidamente la especulación urbanística por la que se ha privatizado un parque público para facilitar negocios privados cuyo uso es incompatible con una zona verde. Es por lo que exigimos que el parque pase a sus legítimos propietarios, los vecinos de Granada”, reclamó Puentedura.
Posible prevaricación
Indicó, por otro lado, “que estos informes también señalan posibles delitos de prevaricación por permitir que los proyectos de obra modifiquen el límite de ocupación de superficie y se hayan cambiado las condiciones originales de las concesión administrativa”. Instó al gobierno local, en este sentido, a «explicar por qué ha permitido que una concesión para varios columpios infantiles y un kiosko de chucherías se convierta en una discoteca, sala de fiestas y restaurante, así como en una zona multiaventuras privada y en una pista privada de patinaje con bar que ocupan suelo público”.
Puentedura explicó que las condiciones originales «sólo permitían edificaciones con una ocupación de alrededor de 660 metros cuadrados, pero se han realizado construcciones que invaden más de 1.800 metros en suelo público, además de parcelar ilegalmente miles de metros cuadrados del resto del parque para que su uso sólo pueda ser privativo cuando se trata de una zona de dominio público de la ciudad”.
Ante estos hechos, que fundamentan la instrucción abierta por la Audiencia Provincia, y el informe dado a conocer por la Junta, IU solicitó que la administración autonómica «se presente como acusación» , dado que «el juzgado de instrucción ha abierto diligencias de investigación penal”. Puentedura exigió además al PP “que no de la callada por respuesta y cumpla con el requerimiento de la Junta suspendiendo la concesión y las licencias de actividad que se han dado sin fundamento legal para devolverle cuanto antes a la ciudad su parque público”.
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