El pleno de abril, celebrado este viernes, 25 de abril, estuvo marcado por cierta unanimidad con debate. Hubo unanimidad a la hora de aprobar la Ordenanza reguladora del Precio Público del Centro de Iniciativas Empresariales, y de las dos mociones que tenían a Norte como protagonista. Lo apuntaba el propio alcalde, José Torres Hurtado, a propósito de la moción del PSOE que insta a Endesa a solucionar los problemas eléctricos del distrito Norte: «Las más unánimes son las más discutidas».
Aunque todos los grupos políticos están de acuerdo en que es necesario que la compañía eléctrica mejore el servicio que presta a los vecinos del barrio, en lo que había disenso era en cuál es la administración responsable para exigirlo. Tanto el PP como IU y UPyD, defendieron que es la Junta de Andalucía.
Finalmente la moción se aprobó por unanimidad, pero se le enviará copia a la Junta y a Subdelegación del Gobierno.
También muy debatida fue la moción sobre el fracaso escolar en Norte. El concejal de Eduación y Empleo, Jorge Saavedra, insistió en que ciertamente las cifras son dramáticas, pero la administración competente en materia educativa es el Gobierno autonómico, que es quien debe liderar cualquier plan de emergencia que propone IU, con el apoyo del gobierno local.
IU, formación que llevó a pleno la moción, aceptó una modificación del texto y la iniciativa fue aprobada por unanimidad.
Hubo elogios de los partidos de la oposición al concejal de Educación y Empleo, que ha buscado el consenso para aprobar la Ordenanza que regula el precio del centro de iniciativas empresariales y ha incluido una alegación de carácter social presentada por el PSOE. Se trata, explicó Saavedra, de abaratar los costes para los emprendedores en los primeros años de funcionamiento de la empresa. Para UPyD, no obstante, debieron fijarse tasas y no precios públicos, «que aunque ahora son bajos en cualquier momento se pueden subir».
Controvertidos fueron también los asuntos urbanísticos que pasaron por pleno, como la aprobación definitiva del Estudio de Detalle en el número 11 de Carrera del Darro, donde una promotora afincada en Marbella tiene un proyecto hotelero.
Tanto IU como PSOE defienden que el gobierno de Torres Hurtado está debilitando el uso residencial del Albaicín, «que es el que debe primar». Miguel Madrid, concejal del PSOE, recordó a Urbanismo que en esa manzana ya hay 6 de 10 inmuebles con uso hotelero. Y el portavoz de IU Paco Puentedura, le recordó a la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, que defendió que todos estos procedimientos cuentan con el aval de los técnicos, que ella «ha tomado una decisión política, que es permitir más hoteles en el Albaicín».
Para Nieto la necesidad de rehabilitar el barrio patrimonio histórico prima «sobre el debate de si los vecinos quieren o no más hoteles».
La mayoría del PP aprobó definitivamente este expediente, así como la desestimación del recurso de reposición y del Estudio de Detalle en calle Torre de la Pólvora, esquina Baltasar Martínez, en el Zaidín, donde el empresario Ramón Arenas ha denunciado un presunto pelotazo urbanístico.
Reducción de salarios de 7 concejales
El pleno debatió por vía de urgencia la adaptación de la retribución de los concejales a la Ley de Sostenibilidad de la Administración Local, que en la ciudad de Granada sólo permite dedicación exclusiva para 18 de ellos.
Del equipo de gobierno sólo pierde la dedicación exclusiva el concejal de Patrimonio, Eduardo Caracuel, el último en entrar en la nómina de concejales tras la marcha de Marifrán Carazo al Parlamento andaluz. Tampoco la tiene, desde el inicio de este mandato, el concejal Sebastián Pérez, también presidente de la Diputación Provincial y una figura ausente de los plenos municipales.
En el grupo municipal del PSOE, que sólo conservará la dedicación exclusiva de tres de siete ediles, los elegidos son el portavoz, Paco Cuenca, junto a Chema Rueda y Miguel Madrid. En este ‘reparto’ queda excluido el octavo concejal de este grupo político, Baldo Oliver, que no tenía dedicación exclusiva porque mantenía su salario como profesor de la UGR, una actividad que compatibiliza con la labor política en el Ayuntamiento.
El grupo municipal de IU mantiene la dedicación exclusiva para su portavoz, Paco Puentedura y UPyD pierde la de su única concejal, Mayte Olalla.
El debate en este punto vino precisamente desde la portavoz de UPyD, quien acusó al gobierno local de «mentir» cuando el alcalde aseguró que «los portavoces de los grupos no se verían afectados». Para Olalla esta reforma y la forma en que el PP la ha aplicado en Granada «es un recorte a la democracia», aunque entró en su argumentación por otros derroteros como el de «soy la que más trabaja».
PSOE e IU, aunque no están de acuerdo con la Ley de Sostenibilidad, rehuyeron el debate: «La ciudadanía no puede entender una pelea por sueldos entre políticos», reprochaba Paco Puentedura.
Lo cierto es que el ahorro que representará esta medida es una gota de agua en el desierto. Los siete concejales sólo van a perder el 25% de su sueldo, dado que solicitarán el máximo de dedicación parcial (75%), con lo que el ahorro rondará los 50.000 euros, de los «hasta 350.00» que podía suponer la medida, como anunció en Semana Santa el concejal de Personal, Juan Antonio Fuentes.
Si el Ayuntamiento de Granada empleara ese dinero en amortizar los 262 millones que debe a los bancos, la ciudad necesitaría cinco milenios para pagar la deuda (sin contar intereses).
¡Danos tu opinión!