Al gobierno municipal no le salen las cuentas y se ha visto obligado a presentar en el pleno ordinario del viernes, 28 de marzo, un nuevo plan económico y financiero 2014-2015 con el que recaudar más ingresos y recortar los gastos. La mayoría absoluta del PP ha permitido sacar adelante un plan con el que la oposición (PSOE, IU y UPyD) no comulga.
El Ayuntamiento de Granada está obligado a conseguir la estabilidad presupuestaria en los próximos ejercicios pero hay dos losas que obligan al PP, el partido en el gobierno, a ajustar los números. La primera de ellas ha salido a relucir en el pleno: la sentencia que condenó al Ayuntamiento de Granada a pagar 15 millones de euros por los defectos en el proceso de las expropiaciones del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) y que el gobierno de José Torres Hurtado atribuye a la gestión del anterior gobierno tripartito (PSOE, IU y PA). El concejal de Economía, Francisco Ledesma (PP), opina que, de no ser por este revés judicial, el Ayuntamiento de Granada hubiese conseguido por segundo año consecutivo (2012 y 2013) el equilibrio presupuestario.
El otro asunto que lastra al gobierno también es como consecuencia de otro largo contencioso en los tribunales: los 6’8 millones de euros que se ha visto obligado a devolver a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (antigua EPSA), organismo perteneciente a la Junta de Andalucía, por la operación de los terrenos de ferial. De ello no se dijo nada en el pleno, pero se incluye en el documento del plan.
El concejal de Economía ha insistido, una y otra vez, en que el plan no conlleva «ninguna medida extraordinaria: ni habrá recortes ni más impuestos». Pero la oposición hace otra lectura diferente. Incluso el propio documento, al que ha tenido acceso GranadaiMedia, recoge un incremento de la recaudación a través de los impuestos directos e indirectos, de las tasas de precios públicos y otros ingresos, además de recortes en gastos corrientes en bienes y servicios.
En el capítulo de los ingresos, el gobierno municipal tiene previsto obtener 169.000 euros más de Emasagra, así como 600.000 por la venta parcial de Emucesa que el socio privado abonó en un solo pago en enero de 2014. En cuanto a los gastos, pretende ahorrarse 500.000 euros en 2014 y 2015 mediante la eliminación de plazas vacantes de la Relación de Puestos de Trabajo.
El gobierno municipal tiene previsto recaudar más a través de los impuestos directos e indirectos, y de las tasas de precios públicos en 2014 y 2015
Por otro lado, se dedicará este año un millón de euros menos al transporte público -y 1,6 millones en 2015- con la puesta en marcha del nuevo modelo de movilidad que el PP lo vende como ahorro y la oposición como ‘tijeretazo’.
Luego están los 300.000 euros adicionales que el gobierno municipal pretende recaudar con inspecciones para combatir el fraude en el Castastro. El PP quiere poner en orden todos los bienes inmuebles omitidos o que estén inscritos de forma incorrecta o incompleta en el Catastro por incumplimiento de la obligación de declarar.
Durante el pleno, el concejal del PSOE Baldo Oliver ha cuestionado la medida del PP porque persigue el «perdón de las deudas tributarias a los defraudadores». «Este plan es una broma. Les recuerdo que el primer plan de ajuste que ustedes trajeron al pleno se titulaba ‘Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria’. ¿Qué han estado haciendo hasta ahora? Se pone de manifiesto la falta de imaginación a la hora de aplicar medidas que en este caso repiten por tercera vez».
Tanto el portavoz de IU, Francisco Puentedura, como su homóloga de UPyD, Mayte Olalla, han desmentido que se hubiese conseguido la estabilidad presupuestaria en 2012 cuando «hubo que pedir un préstamo de casi 109 millones a los bancos para pagar a proveedores y otros 53,3 millones de euros en 2013 por facturas que almacenan en el cajón». Puentedura ha denunciado incrementos de impuestos y recortes en servicios básicos. «En impuestos indirectos quieren ustedes pasar de cobrar 11,5 millones de euros a 12 millones; en relación a tasas públicas y otros ingresos y precios públicos del Ayuntamiento; de 62’8 millones de euros a 65; un recorte de un millón en servicios públicos en 2014 y 1,5 millones en 2015; los gastos corrientes en bienes y servicios se reducen un millón y medio de euros; es decir menos limpieza menos transporte público….». Para Olalla son «las cuentas del Gran Capitán». «Estamos vendiendo el futuro de nuestros hijos y nietos por su mala gestión», ha lamentado.
Por su parte, el concejal de Economía ha prometido a todos los granadinos que «no habrá ‘catastrazo'» al tiempo que ha aclarado que el endeudamiento con los bancos buscaba «convertir la deuda comercial en financiera para no deber dinero a los proveedores» y que la regularización catastral «no implica una nueva revalorización de valores catastrales».
Otros asuntos del pleno
En el pleno también se ha aprobado hoy de forma definitiva el presupuesto de este año que, como ha recordado Baldo Oliver, será el más corto del gobierno de José Torres Hurtado porque se saca adelante a finales de marzo. Ninguna de las alegaciones presentadas por los tres grupos de la oposición se han tenido en cuenta, tan sólo las que ha registrado el concejal de Participación Ciudadana, Vicente Aguilera, miembro del equipo de gobierno.
El debate se ha enrarecido en el punto relacionado con la modificación del planeamiento urbanístico después de que ayer la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, denunciara las «presiones y amenazas» que reciben los funcionarios de su área por parte de los concejales de IU. Puentedura ha censurado esta mañana el «uso torticero» de la responsable del PP. La propuesta de la concejal de Urbanismo ha salido adelante pese al rechazo de toda la oposición, que ha coincidido en que los cambios que pretende introducir el gobierno del PP tratan de legalizar por la «puerta de atrás» supuestas irregularidades urbanísticas.
También se ha llevado al pleno la actualización del inventario general de bienes del Ayuntamiento de Granada, valorado en más de 434 millones de euros; la aprobación definitiva de la ordenanza de vados, no sin polémica; además de otras mociones que han sido aprobadas por unanimidad como la obligatoridad del uso del bozal para los perros -algunos propietarios se han manifestado con sus mascotas en la Plaza del Carmen como ocurriera el mes pasado- y la petición de que se aplique el IVA reducido a los servicios de peluquería.
Se ha rechazado, con el voto en contra del PP y la abstención de IU y UPyD, la moción del grupo municipal socialista en la que solicitaba al gobierno municipal que retomara la redacción del Plan Albaicín (Pepri), pusiera en marcha un plan director sobre el patrimonio y se instara a la Iglesia a subir dos euros la entrada de la Catedral y la Capilla Real para que dicho dinero -al igual que el PP propone con el ticket de la Alhambra- se destine también a la rehabilitación del patrimonio.
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