Protesta de la Plataforma por una Ordenanza Animal Justa
Casi once años después del fin de mandato del gobierno tripartito (PSOE, IU y PA), éste sigue siendo responsable de los males que aquejan a la ciudad, ya sea de la delicada situación de las arcas municipales por el elevado endeudamiento de la herencia recibida, la crisis en la gestión de la Orquesta Ciudad de Granada o incluso el que ahora se quiera aplicar una normativa que regula la tenencia de mascotas, cuestionada por la oposición y colectivos en defensa del animal.
Cada vez que tiene oportunidad, el gobierno del PP se escuda en la gestión del tripartito para atribuirle casi todas las culpas. En el caso de la ordenanza de animales, hoy le ha recordado a los grupos de la oposición que ya ellos dictaron reglamentos que limitaban la posesión de animales. Al PP le sirve a menudo de argumento lo que hicieron otros en el pasado para legitimar la acción de gobierno y desacreditar a sus adversarios políticos.
“Ustedes son unos regidores perfectos que no cometen ningún error, se lavan las manos como Poncio Pilatos y señalan con el dedo a los tontos y malos… Por favor: ¡Basta ya!”.
La frase del concejal socialista Miguel Ángel Fernández Madrid resume la irritación que causa en la oposición que los populares repitan como un mantra aquello del “nefasto” gobierno tripartito o lo del maltrato que dispensa la Junta de Andalucía a los granadinos.
Minutos antes el concejal de Medio Ambiente y Mantenimiento, Juan Antonio Mérida (PP), había defendido uno de los puntos más polémicos de la ordenanza reguladora de animales –la obligatoriedad de poner bozal a todo animal con más de 20 kilos de peso, sea o no potencialmente peligroso- porque así parece ser que lo propuso en su día el tripartito y porque -según el edil popular- viene incluido en la Ley andaluza 11/2003. La estrategia del concejal de Medio Ambiente fue proponer que se emplazara a la Junta de Andalucía a suprimir ese punto de la ley andaluza. La ordenanza municipal también impide tener más de tres mascotas en un domicilio particular, medida a la que se oponen distintos colectivos en defensa del bienestar de los animales.
En el momento del debate menos de un centenar de personas integradas en la Plataforma por una Ordenanza Animal Justa, constituida por distintas asociaciones defensoras de los animales, se concentraban con sus mascotas en la Plaza del Carmen para manifestar su rechazo a la nueva ordenanza. Según Mérida, los que estaban allí, en su gran mayoría, residen en los pueblos del área metropolitana, por lo que les invitó a que fueran a protestar a sus respectivos ayuntamientos.
Finalmente la mayoría absoluta del actual gobierno permitió sacar adelante, con el rechazo de toda la oposición (PSOE, IU y UPyD) la aprobación inicial de la ordenanza.
Fue un pleno municipal que congregó el descontento de distintos colectivos de la ciudad a las puertas del Ayuntamiento. Antes de la movilización de la plataforma por una ordenanza animal justa, lo habían hecho sindicalistas de la CGT que se concentraron por el despido de un trabajador y el impago de salarios por parte de una subcontrata del Ayuntamiento. Dos de ellos, que lograron acceder al salón de plenos para desplegar un cartel, fueron desalojados por agentes de la Policía Local. Con posterioridad lo hicieron los vecinos de Santa Adela vestidos de zombi, que quisieron llamar la atención sobre el mal estado de sus viviendas.
Auditoria externa para saber el estado de la OCG
Uno de los pocos puntos del orden del día que fue aprobado por unanimidad, no sin polémica, fue la moción del PP para “salvar” la OCG que proponía, entre otras cosas, liquidar en las dos próximas anualidades las deudas y que las aportaciones de las administraciones se realizasen mediante transferencia corriente y no a través de subvenciones, como viene haciéndolo la Junta de Andalucía.
También en este punto el concejal de Cultura, Juan García Montero, atribuyó la delicada situación de la OCG a la gestión del gobierno tripartito y al “impago” o retraso en las aportaciones de la Junta de Andalucía. La concejal socialista María Escudero se refirió a la propuesta del PP como una “moción trampa” que buscaba enfrentar a los ciudadanos con la Junta de Andalucía. Acusó al gobierno municipal de “deslealtad institucional” y de montar un “circo” entorno a la situación de la OCG. Le recordó que el Ayuntamiento debe más de medio millón de euros y que, al igual que la Junta, ha recortado en un 7%, el presupuesto destinado a la orquesta.
Escudero lamentó que se juegue con el “cinismo” y la “mentira compulsiva permanente”, y retó a aceptar una enmienda para que se lleve a cabo una auditoría externa y se pague toda la deuda antes de la conclusión de este año. Sólo se aceptó lo de trasladar al consejo rector que se elabore una nueva auditoría externa para conocer la situación de las cuentas de la OCG, lo que permitió sacar adelante la moción por unanimidad.
Participación Ciudadana y gratuidad en los autobuses
Otras mociones que se aprobaron haciendo valer el PP su mayoría absoluta fueron el plan estratégico de subvenciones a las asociaciones de vecinos, la ordenanza reguladora de terrazas en vía pública, el nuevo reglamento de zonas de acceso restringido y carriles de circulación protegidos y una última normativa municipal que afecta a los derechos y obligaciones de los usuarios del transporte colectivo urbano de Granada. Lo que el concejal socialista José María Rueda calificó con ironía como fiebre por la ‘ordenancitis’.
Respecto a las ayudas a los colectivos vecinales, toda la oposición coincidió en denunciar que la Concejalía de Participación Ciudadana no ha tenido en cuenta a las asociaciones de vecinos en el reparto de las subvenciones. Mayte Olalla (UPyD) consideró un “despropósito” la falta de consenso con los vecinos al tiempo que calificó de “vergüenza” que se destinasen 9.000 euros a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, una entidad que “no hace nada”. Francisco Puentedura (IU) criticó los recortes, un 75% en los últimos tres años, y que las ayudas vayan ligadas a tradiciones, a “sus palios”, en lugar de tener en cuenta encuentros culturales como el Zaidín Rock. Ana Muñoz (PSOE) censuró el “tufillo” que despide el plan elaborado por el equipo de gobierno para tratar de conceder ayudas y subvenciones de forma caprichosa. La edil socialista apostó por reactivar el movimiento vecinal e introducir políticas para rejuvenecer las directivas de las asociaciones. Por su parte, Vicente Aguilera, concejal de Participación Ciudadana, negó que se hubieran recortado las ayudas pese a que el propio informe incluye importantes rebajas con respecto al año 2010.
En el capítulo relacionado con la movilidad lo más destacado fue el debate sobre el transporte urbano. La concejal de Movilidad, Telesfora Ruiz (PP), no aceptó las enmiendas del PSOE e IU para que se facilitara la gratuidad de determinados colectivos. El PSOE proponía que no pagasen los niños de hasta 12 años de edad para fomentar la utilización del transporte urbano en un futuro, mientras que IU elevaba la gratuidad a los menores de 16 años, familias numerosas y desempleados. Ruiz aclaró que se ha elevado la gratuidad a los niños de 4 a 6 años, se han congelados las tarifas y se han introducido algunas bonificaciones en billetes reducidos. “La gratuidad que plantea la oposición supone poner en riesgo el equilibrio financiero”, argumentó la responsable del área de Movilidad.
En el apartado cultural, además de la moción en defensa de la OCG, la concejal del grupo municipal de UPyD, Mayte Olalla, llevó al pleno una demanda ciudadana para solicitar la reapertura del Museo Arqueológico de Granada, propuesta que fue aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas. (20-2-2014)
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