El pleno del Ayuntamiento de Granada ha sacado adelante, con los votos a favor del PP, la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales del 2014, tras aceptar parcialmente tres alegaciones del PSOE de las más de 60 que presentó, una de las ocho de UPyD y ninguna de IU, que propuso 37.
La oposición en bloque ha denunciado las subidas generalizadas en los impuestos, que han tildado de «poco sociales, injustos y no progresivos». «Han consolidado subidas [de un 2,4%, equivalente al incremento del IPC] que machacan a las economías más modestas», criticó Paco Puentedura, portavoz de IU, quien censuró «el aumento del 56%» experimentado por el IBI en los últimos años. De ahí que su agrupación exigiera, entre sus alegaciones, que volviera a los niveles de 2007, antes de que se aplicaran las últimas subidas. IU también solicitó la congelación del resto de tasas municipales y un paquete de medidas para apoyar a pequeños y medianos comercios, recordó Puentedura. «Un pequeño negocio tendrá que pagar 500 euros más de media entre IBI, terrazas, la tasa de tratamiento y basura, que ha aumentado un 7%», lamentó el edil de IU, que recordó, por otro lado, que de las 7.000 familias granadinas sin recursos solo 14 se han beneficiado de la tasa cero de basura y 20 del IBI social.
Especialmente crítica con este punto se mostró Mayte Olalla, concejal de UPyD, quien exigió saber por qué se había rechazado su propuesta de informar a la ciudadanía sobre las bonificaciones fiscales.
El concejal de Economía y Hacienda, Curro Ledesma, se comprometió a recoger esta propuesta «como un ruego» porque, a su entender, no tenía cabida como alegación. Según resaltó algunas propuestas de la oposición no se ajustaban a la ley de Haciendas locales y ponían en peligro la estabilidad financiera del Ayuntamiento. El edil subrayó nuevamente que se ha congelado el IBI, cuando lo que se congela es el recargo transitorio del 10% en la Contribución que fijó el Gobierno central para ayudar a sanear las arcas municipales.
Defendió, por otro lado, como «sociales» los tributos, con nuevas bonificaciones del 40% del IBI en dos supuestos: a inmuebles donde desempleados inicien una actividad empresarial que cree empleo y a viviendas de entidades financieras adquiridos por embargo o dación en pago, si se alquilan a personas en riesgo de exclusión social o a víctimas de la violencia de género por una cantidad no superior a los 200 euros mensuales.
El concejal socialista, Baldomero Oliver, criticó que el banco malo, donde han ido a parar las propiedades embargadas, será el titular de esta bonificación. Según el edil, «se desconoce si el esfuerzo que se pide a la ciudadanía servirá para cubrir gastos porque aún no se ha aprobado el presupuesto». Criticó, asimismo, la subida del 13% que se ha aprobado para aquellos negocios de hostelería que instalen terrazas durante cinco meses.
Durante la sesión se aprobó, por otro lado, con los votos a favor del PP, IU y UPyD , la nueva ordenanza de los precios públicos del Centro Municipal de Iniciativas Empresariales, que incluye una rebaja de hasta el 60% en el alquiler durante el primer año y del 30% el segundo.
Mociones: entre el consenso y la polémica
El pleno también respaldó sendas mociones socialistas para exigir a Gobierno y Junta, por una lado, la mejora de los accesos al Parque Tecnológico de la Salud, y para la inclusión, por otro lado, de cláusulas sociales en la cesión de bienes de titularidad municipal que beneficien la contratación de los parados de la ciudad, así como a los barrios más vulnerables.
No corrió igual suerte la moción presentada por IU para la reposición de las líneas de transporte público entre la Alhambra y el Albaicín (31, 32 y 35), cuya retirada se anunció en su día «provisional» en tanto en cuanto acabaran las obras de peatonalización de la Carrera del Darro. Tanto PSOE como IU apoyaron la propuesta y censuraron que se beneficie el tren turístico de una empresa privada frente al servicio público de transporte.
El edil de Cultura, Juan García Montero, respondió en calidad de alcalde de barrio, asegurando que la conexión entre el monumento nazarí y el barrio está garantizada y que el 31 y el 35 están en funcionamiento. A su entender, la medida responde al intento de IU de levantar «una cortina de humo» por haberse opuesto al incremento de las entradas en la Alhambra para la mejora del Albaicín. El mismo argumento utilizó para desestimar un ruego del PSOE sobre los problemas de movilidad del barrio que, a su entender, están resueltos.
Urbanismo al estilo Hermanos Marx
El urbanismo centró debate más enraizado del pleno. IU y PSOE denunciaron que el gobierno local busca hacer «urbanismo a la carta para promotores», además de «tapar irregularidades» que ha cometido con la concesión de determinadas licencias, modificando aspectos del PGOU.
Entre los puntos que se han cambiado de la normativa se encuentra la disminución del porcentaje para establecer el uso dominante de un edificio -antes era del 60% y ahora pasará a ser de más del 50%- . Según denunció Miguel Ángel Fernández Madrid, edil del PSOE, esta medida se plantea con un «expediente farragoso» redactado con igual claridad que el contrato de los Hermanos Marx en ‘Una noche en la ópera’: «La parte contratante de la primera parte…» y demostró esta afirmación con su lectura.
La edil de Urbanismo, Isabel Nieto, ironizó con el hecho de que, por primera vez, se hubiera enterado de un expediente urbanístico y garantizó que esta innovación no supone dar carta blanca al mercado, ya que existen unas tablas de usos complementarios ya establecidos para los edificios, con lo cual «si se trata de un inmueble de equipamiento solo podrá usarse para este menester y terciario», por ejemplo. Criticó, por otro lado, el «exceso de rigidez» del porcentaje anterior en los tiempos que corren: «decir que no a alguien que solicita algo por una absurda norma…», subrayó.
IU señaló, al respecto, que precisamente en el mismo pleno «se plantean modificaciones a estos usos complementarios». En lo que se refiere a esta cuestión, tanto la agrupación de izquierdas como PSOE criticaron que se hayan derogado tres puntos del PGOU a través de una ordenanza municipal de edificación, con el objetivo de modificar usos compatibles y niveles de ocupación que el planeamiento no permitía. Para ambos partidos la iniciativa responde, al igual que la anterior, a un «intento de ajustar» las normas urbanísticas a los promotores privados y «borrar decisiones urbanísticas irregulares que está investigando la Fiscalía», como el asunto del Serrallo Plaza.
Nieto negó la mayor asegurando que el urbanismo de Granada es de los más restrictivos. Matizó, por último, que la ordenanza no modifica el PGOU, sino que se anexa al mismo tras haber suprimido estos tres puntos con la aprobación de esta innovación que salió adelante, al igual que la anterior, con los votos a favor del PP.
(20-12-2013)
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