La discordia fiscal, el ruido y la furia

Una vez más, y por no perder las formas de perder las formas, el pleno del Ayuntamiento de Granada se convirtió en un cruce de sugerencias malignas, propuestas rechazadas per se, críticas repetidas, y puyas a micrófono cerrado y abierto en las que cada descrédito era un gol al oponente. Hay que decir que no el 100% de las votaciones fueron enfrentadas, pero casi. Hubo incluso un momento en el que el alcalde, José Torres Hurtado, como moderador del debate, tuvo que suspender el pleno durante cinco minutos para que Francisco Ledesma (PP) y Baldomero Oliver (PSOE) resolvieran diferencias en torno al trabajo en la Universidad de Granada del segundo. Lo estuvimos contando a través de Twitter en la cuenta @plenogr.

Under fiscal pressure

Con todo, y separando la paja del trigo en los 114 puntos del orden del día que han ocupado la mañana de los concejales, hay diversos asuntos que son de interés para la ciudadanía, así como las preguntas y respuestas que equipo de Gobierno se intercambiaban entre el ruido y la furia. Para empezar, la presión fiscal, o esfuerzo fiscal, o congelación o paralización o como cada edil llame a las nuevas ordenanzas fiscales, que eran quizás el punto más importante. Para Mayte Olalla (UPyD) suponen el «traslado de la mala gestión del PP a la ciudadanía», acusando al concejal Francisco Ledesma de «mentir» al anunciar la congelación de un IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) que está por encima de lo normal y que volverá a subir un 7,7% más en 2016 gobierne quien gobierne en ese año. Paco Puentedura (IU) subrayó que ese congelamiento era una medida transitoria aplicada hace dos años y que ahora debería desaparecer, bajando un 10%, algo que ya comentamos en este blog. También criticó el criterio con el que se aplicaba la subida del IPC en unas partidas y en otras.

«Es congelación del IBI, les guste o no. Que los ciudadanos cojan su recibo de 2012 y lo miren», dijo Ledesma.

«A ustedes lo que les molesta es que hayamos elaborado unas ordenanzas fiscales de caracter social y no puedan aportar nada», respondió sin escatimar en sorna Ledesma. «Es congelación, les guste o no. Que los ciudadanos cojan su recibo de 2012 y vean que no ha subido el IBI», añadió. Lo que olvida el concejal es que la subida transitoria de este impuesto se aplicó justo ese año, y ahora debería bajar, no quedarse en ese peldaño tan alto, para cumplir con lo anunciado.

Francisco Ledesma, concejal de Economía y Hacienda.

Tambien anduvieron a vueltas con el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) a empresas, que tendrán una bonificación del 40% en dos años. Como destacó la oposición, poco social puede ser esta disposición si las únicas empresas que pagan ese impuesto y que se pueden acoger a esta rebaja son las que facturan más de un millón de euros al año (pymes, pocas). Y en cuanto a las bonificaciones potestativas que posibilitan alquileres sociales para mujeres y familias víctimas de la violencia de género, para Baldomero Oliver (PSOE) «son un regalo a los bancos que desahucian a otras familias» para ahora poder sacar rédito de las arcas municipales. Ledesma le corrigió explicando que sólo podrán acceder a esa bonificación las entidades que ofrezcan alquileres sociales a 200 euros al mes (IVA incluido), pero para Oliver una medida con más proyección social y más justa sería precisamente darle la vuelta a la tortilla, esto es, subir el IBI a aquellos bancos que no ofrezcan alquileres sociales, sin más.

Las bonificaciones a alquileres sociales son «un regalo a los bancos», según Baldomero Oliver (PSOE)

«Lo de ustedes es muy fácil, la carta a los Reyes Magos. Que bajemos unos impuestos y congelemos los demás», se quejó el concejal de Economía y Hacienda. «¿Dónde está esa presión fiscal que critican?». Todo esto no podía acabar de otra forma: votos a favor del PP y en contra de los otros tres grupos municipales.

Urbanismo: innovación tras innovación

Antes de llegar a este punto, el pleno ya se caldeó con los asuntos relacionados con urbanismo sobre los que su concejal, Isabel Nieto, se tuvo que pronunciar. Una innovación al PGOU para confirmar como privada una calle perpendicular a C/ Mercedes Gaibrois, una modificación de la edificabilidad de una sede de Cáritas en la calle Gloria Mas, la conversión de una parcela a dos en el Paseo de las Palmas, el estudio de detalle de un expediente en la calle Torre de la Pólvora donde se iban a levantar instalaciones deportivas… Todas estas cuestiones fueron respondidas por Nieto explicando que «la ciudad está viva, va modificándose y para eso están las innovaciones al plan». Sin embargo, para Baldo Oliver harían falta un nuevo plan de ordenamiento para el Centro y para el Albaicín y dejarse de modificaciones constantes.

«Tranquilo, que a usted no le van a pillar nunca con las manos en la masa porque no va a gobernar nunca esta ciudad», le dijo el alcalde a Puentedura (IU)

Aquí salió a relucir, de manos de Paco Puentedura (IU), un escrito de la Fiscalía en la que «se apunta directamente a Isabel Nieto y al alcalde» para ser investigados por «asuntos de urbanismo muy turbios» relacionados con la zona del Serrallo Plaza. «La Fiscalía decidirá si aquí hay imputación y si Torres Hurtado tendrá que volver a presentarse ante la justicia», sentenció, acusando al equipo de Gobierno de legalizar «por la puerta de atrás» este tipo de acciones sobre el territorio. «Os han pillado con las manos en la masa», espetó. «Tranquilo que a usted no le van a pillar con las manos en la masa porque usted no va a gobernar nunca en este ayuntamiento», respondió rápido el alcalde en la única vez que se dio por aludido en el pleno. Isabel Nieto se mostró cansada de recibir «denuncias falsas». «Se investigan estas actividades porque se han denunciado, nada más, y es la tercera vez que IU me hace esto, y ya acabaron archivadas las anteriores», se defendió la concejal de Urbanismo. Menos gracia le hizo aún que Puentedura la llamara sin tapujos «borde e incompetente». «No ofende quien quiere, sino quien puede», zanjó el alcalde.

Según Ledesma, la subida presupuestaria en transporte se justifica en que «ha descendido el número de viajeros»

Las modificaciones presupuestarias anunciadas en el pleno también sacaron a la palestra, una vez más, la venta de Emucesa, la empresa que gestiona el cementerio de Granada (que ya se debatió en el anterior pleno), «la única empresa municipal que da beneficios» según Mayte Olalla, «un error», dijo Puentedura, «que privatiza algo que es patrimonio de los granadinos». Baldo Oliver, desde el PSOE, se preguntó por qué se vuelven a incrementar las partidas para limpieza y transporte, una vez más. El concejal de Economía y Hacienda explicó que «ha bajado el número de viajeros» y acusó a Olalla de «hacer el ridículo». «Si está segura de lo que ha dicho nos está acusando de prevaricación, cuando ya está todo resuelto y fiscalizado; vaya usted a los juzgados», le dijo.

Mociones: no, no y no

Las mociones presentadas por la oposición en el pleno se encontraron con un muro inquebrantable por parte del PP, que tuvo la misma respuesta negativa para todas. El PP se opuso a proteger los negocios céntricos con valor histórico (en GranadaiMedia hemos hablado, por ejemplo, de la Droguería Salamanca o de la Librería Estudios), a propuesta del PSOE, que quería que fueran considerados bienes culturales. Para Nieto es una injerencia en el derecho a la propiedad privada: «¿Cómo le vamos a decir a un señor que tiene una farmacia que no puede venderla o convertirla en otro negocio? ¿Y qué tiene esto que ver con los arrendamientos antiguos?», preguntó.

De esperar era la negativa ante la petición socialista para instar al Gobierno central a que retire el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, saliendo en defensa de la autonomía de los ayuntamientos. «Entiendo que se posicionen en la línea de su partido a nivel estatal, pero no es una moción coherente, e intentan meter miedo a la ciudadanía ante medidas que son necesarias», argumentó García Montero. Para Mayte Olalla «han perdido la oportunidad de hacerlo bien; decimos sí a la eficacia y a la eliminación de duplicidades, pero servicios como los sociales deben ser municipales sí o sí». Según Chema Rueda (PSOE) este Proyecto de Ley, que centraliza servicios y funciones desde el Gobierno central, «deja a los Ayuntamientos como meros gestores».

«Ni siquiera sabemos lo que cuesta la cuota por pertenecer a la Red de Juderías», criticó García Montero (PP)

Lo que sí soliviantó a la oposición fue el rotundo ‘No’ sin paliativos a la moción para integrar a Granada en la Red de Juderías de España ‘Caminos de Sefarad’, para reivindicar y «poner en valor» el pasado judió de Garnata Al-Yahud. «Lo serio es trabajar para un futuro, como en las gestiones hechas para abrir un centro como el que se va a abrir en el Albaicín para estudiar el pasado hebreo y sefardí, y cuando estemos preparados nos plantearemos esta propuesta. Ni siquiera sabemos cuál es la cuota que hay que pagar para estar en esta red», explicó García Montero.

Para Ledesma, incorporar el 0,7% a la cooperación al desarrollo es preocuparse más por los jóvenes parados de Palestina que por los de Granada

Y Maite Molina (IU) se llegó a encender de verdad con las respuestas que recibía desde el PP ante su moción para incorporar la aportación del 0,7% de los presupuestos a la cooperación al desarrollo, que se ha visto mermada hasta su práctica desaparición, hasta convertir Granada «en una de las capitales que menos se preocupan por esta materia». Ledesma habló de una «cuestión de prioridades», y dijo no entender porqué Molina se podía preocupar más por los jóvenes parados de Palestina que por los de Granada. Aquí, como era de esperar ante tal argumento, el volumen de las interpelaciones subió hasta que no fuera necesario micrófono alguno.

Otros asuntos

La aprobación del Reglamento Municipal de Utilización del Espacio Joven, presentado por el concejal de Juventud, Juan Francisco Gutiérrez, encontró la misma crítica de los tres grupos de la oposición: falta de participación de colectivos jóvenes, poco carácter democrático, unilateralidad. Para Gutiérrez sí se ha tenido en cuenta la opinión de los jóvenes que hacen uso de esos espacios, a través de «encuestas de calidad» y con el trabajo de técnicos expertos en la materia.

María Escudero (PSOE) subrayó su crítica a la aprobación del Reglamento Interno de la Escuela de Policía Local de Granada, destacando que faltan áreas relacionadas con la violencia de género, los Derechos Humanos o la relación con la ciudadanía, algo que para la concejal de Movilidad y Protección Civil no es más que la agrupación de áreas temáticas que se tocan de forma transversal en toda la formación de los agentes. Más farragoso y técnico fue el debate sobre la ordenanza de pasos de vehículos a inmuebles (vado sí, vado no), en torno a la privatización de la calle, el uso especial o el uso privativo de nuestras aceras.

Miguel Ángel Fernández Madrid (PSOE) preguntó por el traslado de los Servicios Sociales Comunitarios en el Albaicín, y García Montero le aseguró que los colectivos y ciudadanos están bien informados. Maite Olalla lo hizo por las ayudas para las familias desahuciadas y Fernando Egea (Concejal de Familia, Bienestar Social e Igualdad) le aseguró que existen, y que ascienden a 166.000 euros en el presupuesto. María Escudero (PSOE) pidió protección para el enclave de los Mondragones y Nieto le explicó que es algo que compete a la Junta, pero que si el Ayuntamiento tiene que colaborar, lo hará. Lo mismo respondió a Puentedura cuando pidió la recuperación de los restos arqueológicos del Huerto del Carlos. Y Maite Molina (IU) se preguntó cómo el Ayuntamiento podrá garantizar que se mantendrán los puestos de trabajo en el transporte público con un recorte de tres millones de euros, con el trasfondo del nuevo plan de movilidad, y Telesfora Ruiz le garantizó que no habrá problema si la Junta cumple con su promesa de reubicar trabajadores de Rober en el metropolitano.