Vecinos de Santa Adela protestan en la plaza del Carmen
El pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad tres mociones relacionadas con los Servicios Sociales. No sin un acalorado debate previo, los partidos han respaldado sendas propuestas del PP para instar a la Junta a aumentar la partida de ayudas para familias necesitadas con menores a su cargo, por un lado, y apremiar a la administración autonómica a reanudar la tramitación de la Ley de Dependencia, con más de 2.000 expedientes paralizados en la ciudad, por otro. También ha salido adelante la iniciativa socialista de reforzar los servicios sociales municipales.
Pese al acuerdo, los matices de esta ‘unión’ han quedado claros. Tanto IU como PSOE reprocharon el «cinismo» y la «demagogia» con la que los populares «usan a las personas dependientes», ya que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno central, gobernado por su partido, han aplicado duros recortes en esta materia. La concejal de la agrupación de izquierdas, Maite Molina, recordó en este sentido el tijeretazo del 20% al servicio municipal de ayuda a domicilio.
IU prefirió, en este sentido, abstenerse de la votación, a pesar de estar a favor de la propuesta. El PSOE apoyó con su voto positivo la propuesta, aunque acusó al PP de «usar a los dependientes para desgastar a la Junta».
La concejal de UPyD, Mayte Olalla, reprochó, por su parte, a IU y PSOE que no defiendan este problema con la misma vehemencia que han demostrado con otros relativos a lo social porque, en este caso, afecta a una administración que gobiernan en coalición.
Cerró el debate el edil responsable del área de Servicios Sociales, Fernando Egea, con un informe del Defensor del Pueblo Andaluz en el que advierte la «absoluta falta de impulso respecto a los procedimientos en tramitación» por parte de la Junta.
Lides parecidas ha recorrido la propuesta popular de pedir al Gobierno andaluz incrementar en un 50% la partida destinada a familias que atraviesan situaciones de emergencia social para la atención de las necesidades básicas de los menores a su cargo. Egea explicó que la Junta ha rebajado esta asignación al Ayuntamiento de 75.900 euros a 75.000. Reprochó, en este sentido, que la administración autonómica anuncie una inversión de mil millones para combatir la pobreza o pretenda asegurar las tres comidas al día de los niños cuando desatiende los programas que ya existen en este sentido.
IU se mostró a favor de la petición y animó a los populares a hacer lo mismo y respaldar mociones similares sobre el Gobierno central, que ha recortado todos los programas de Bienestar Social, así como los destinados a combatir la pobreza. «No sean hipócritas y piensen realmente en los excluidos», subrayó Molina.
Tras anunciar su voto favorable a esta moción, la concejal socialista, Jemi Sánchez, denunció su inconsistencia, ya que el Ayuntamiento solo ha gastado el 50% de la partida que la Junta destinó en 2012 a familias con necesidades. Censuró, además, que el Consistorio tarda entre dos y seis meses en ingresar este dinero, pese a su carácter urgente. Aseguró, en este sentido, que Cáritas e incluso los trabajadores sociales «de su propio bolsillo» estaban adelantando a estas familias el importe que necesitan.
Una vez cerrada esta cuestión, el pleno dio un espaldarazo unánime a la moción socialista para reforzar los servicios sociales municipales supliendo las bajas que se produzcan y con nuevas contrataciones cuando así se requiera ante la actual situación de emergencia social.
De la Vega al Huerto del Carlos
No corrió igual suerte la moción que este mismo partido presentó para proteger la Vega de Granada. La concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, argumentó el voto en contra de los populares asegurando que el planeamiento de la ciudad ha sido y es respetuoso con la Vega, víctima, a su entender, de la especulación urbanística de pueblos del área metropolitana gobernados por el PSOE, no de Granada.
Al respecto el concejal de IU, Paco Puentedura, afirmó que actualmente medio millón de metros cuadrados de la Vega peligran, precisamente, por el planeamiento de la ciudad, un riesgo que no convenció al PP.
Tampoco contó con el respaldo del equipo de gobierno la moción que presentó Izquierda Unida para evitar el vallado del Huerto del Carlos, en el Albaicín. El alcalde del barrio, Juan García Montero, aseguró que esta misma propuesta se planteó para su estudio en la junta de distrito del Albaicín, donde se decidirá al respecto, aseguró. Puentedura mostró su perplejidad, en este sentido, por el voto en contra del PP.
Santa Adela
Igualmente «perplejos», además de «indignados» se sintieron los vecinos de Santa Adela ante la prohibición de su entrada al pleno. Al grito de «Santa Adela, ni un paso atrás», decenas de residentes de esta humilde barriada del Zaidín se concentraron en la plaza del Carmen para reclamar que se acometa el plan de reforma integral de sus viviendas, actualmente paralizado. Hasta el salón de plenos llegaban sus reclamaciones. De hecho, fue lo único que tuvo acceso al pleno, su voz, ya que la Policía les negó la entrada, denunciaron.
«Granaina de pura cepa. Nacida y criada aquí y me cierran la puerta del Ayuntamiento», lamentó Dolores, una mujer mayor de Santa Adela, sin dejar de repetir que igual los escucharán el día que los «aplaste el techo de las casas y ocurra un desastre».
«Lo único que queremos es que el alcalde nos oiga, pero los agentes nos han amenazado con 300 euros de multa si tratábamos de entrar porque no se puede interrumpir el pleno», recriminaron los vecinos.
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