El portavoz del grupo municipal socialista, Paco Cuenca, presentó una moción contraria a la moratoria a la Ley de Dependencia fijada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el Real Decreto 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (consulta el texto íntegro).
La moción, aunque fue apoyada por toda la oposición, fue rechazada por la mayoría absoluta del PP.
Durante el debate Fernando Egea, concejal de Bienestar Social, se ofrece de asesor de Maite Molina, concejal de IU si le toca en suerte la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Molina le responde que no es su intención marcharse, que quiere cumplir con Granada. Cuenca comenta a Egea, «cómo ha cambiado usted en tan poco tiempo», aludiendo a que el concejal, ahora en el gobierno del PP, fue candidato por el Partido Andalucista en anteriores municipales. Egea cierra su turno de preguntas asegurando que el gobierno de la Junta en esta legislatura será «social-comunista».
«El recorte en la Ley de Dependencia es también un recorte en igualdad».
Mayte Olalla, UPyD
UPyD. Sabemos que la Ley de Dependencia les importa bien poco. Hemos visto hoy cómo en ese plan de ajustes presentado en este pleno quieren devolver la Ley de Dependencia a la Junta de Andalucía. La concejal Mayte Olalla asegura que la Ley de Dependencia ha supuesto para muchas mujeres, que por esa tradición machista era sobre quienes recaía el cuidado de los mayores, un avance real hacia la igualdad. El recorte en la Ley de Dependencia es un recorte también en la igualdad de las mujeres.
«La moratoria del Gobierno es el primer paso para eliminar la norma».
Maite Molina, IU
IU. La aplicación efectiva de la Ley de Dependencia es primordial para una sociedad en la que un elevadísimo número de personas precisa de ese servicio público para tener una vida digna. Para la concejal Maite Molina la política de recortes del Gobierno de Rajoy ha frenado el sistema de atención a la dependencia y critica que hay dependientes moderados (grado 1, nivel 2) que deberían estar atendidos desde 1 de enero de 2012 y no lo están por culpa de la moratoria implantada por el PP. La moratoria es el primer paso para eliminar esta norma. Recuerda que el Ayuntamiento de Granada ha sido incapaz de adjudicar el servicio de Ayuda a Domicilio después de cuatro concursos.
«Hay 1.600 casos en Granada que podrían estar percibiendo la ayuda y la Junta no quiere».
Fernando Egea, concejal de Bienestar Social
PP. El grado 1 nivel 2 (dependientes moderados) de la Ley de Dependencia, que debía entrar en vigor el 1 de enero de 2012 no se ha hecho porque la Junta de Andalucía, donde gobierna el PSOE, no lo ha hecho. En la ciudad de Granada hay 1.600 personas que podrían estar recibiendo la prestación. No lo han hecho porque la Junta de Andalucía tendría que pagar una parte. Por lo tanto es responsabilidad de ustedes. Hace más de un año se pidió a la delegada de la Junta explicación y no hay respuesta. Tampoco cubren las bajas del personal adscrito a este servicio. Tenemos previsto que conforme vaya asumiendo el Estado la atención a los dependientes grado 1, nivel 2 (moderados), vamos a poder detraer un gasto que ahora mismo estamos afrontando porque sí estamos atendiendo a las personas que lo necesitan. Desde el PP se están gestionando y llevando a cabo proyectos sociales con mayor rigor que el PSOE y administrando muchísimo mejor. Alude a que se han concedido sólo 8 ayudas de grado 1, nivel 2 en unidades de estancia diurna, lo que significa que se podrían haber concedido en los otros 1.600 casos. «Eso es un engaño, es subvertir la ley y se llama algunas veces hasta fraude».
«Por cada cuatro dependientes se genera un puesto de trabajo».
Paco Cuenca, PSOE
PSOE. El Gobierno quiere lapidar una ley. Si usted dice que hay una demora de la Junta de Andalucía, admitámoslo. Pero una cosa es una demora y otra que se quieran cargar la ley. Estamos hablando de eso, de instar al Gobierno a no cargarse una ley que ha tenido un amplio respaldo político, parlamentario y social. Posiblemente lo que hay detrás de esto es la intención de hacer de la ley un mercadeo, un derecho sólo para las personas que lo puedan pagar, y lo que es más grave, están condenando a las mujeres otra vez a ser las cuidadoras oficiales. En Granada esa ayuda la perciben unas 3.000 personas y sólo en la Ayuda a Domicilio se generan 700 puestos de trabajo: un puesto de trabajo por cada cuatro dependientes.
En el siguiente vídeo, el debate íntegro (hemos perdido un pequeño fragmento de la primera intervención de Mayte Olalla):
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